Una oportunidad para la justicia en El Salvador = Seeking Justice in El Salvador
 |
| Three People’s Revolutionary Army guerrillas stand over a corpse in El Salvador in February 1983. At the time, the country was engaged in a civil war. Robert Nickelsberg/Getty Images |
En 1993, pocos días después de que la Organización de las Naciones Unidas publicara un informe sobre la brutal guerra civil entre el gobierno militar y los grupos guerrilleros de izquierda en El Salvador, la Asamblea Legislativa de ese país aprobó a toda prisa una ley de amnistía. Absolvieron a todos los actores en el conflicto, que duró 12 años, dejó un estimado de 75,000 muertos y continúa influyendo en la política y la psique del país.
Sin embargo, este mes el máximo tribunal de El
Salvador dictó un fallo notable en el que revocó partes importantes de
la ley y abrió la puerta para que los familiares de las víctimas de crímenes de
guerra puedan procesar a los torturadores y asesinos de esa época.
En un fallo de 4 a 1, el tribunal consideró
que la ley violaba la Constitución de El Salvador y los tratados
internacionales al ofrecerle una amnistía “absoluta e incondicional” a los
responsables de diversas atrocidades. Pese a esto la corte no ofreció un modelo
claro de lo que el gobierno debe hacer respecto a la decisión. Durante mucho
tiempo, las organizaciones de derechos humanos han pedido que se establezca una
unidad especial para investigar los crímenes de guerra.
Sin embargo, parece que hay poca voluntad
política en El Salvador para revivir en los tribunales esa página dolorosa de
su historia. Los políticos han puesto en duda la viabilidad de los tribunales
de guerra en un momento en el que las instituciones judiciales del país se ven
abrumadas por la violencia endémica de las pandillas. El presidente Salvador
Sánchez Cerén advirtió que el fallo pone en peligro la “frágil convivencia” que
une a la sociedad salvadoreña.
Su preocupación tiene cierto asidero. Muchos
pueden tener la tentación de utilizar la decisión para ajustar cuentas
políticas. Como un antiguo líder de la guerrilla, Sánchez es uno de los
dirigentes del país que pueden ser sometidos a enjuiciamiento. Algunos de sus
aliados han criticado la decisión como un golpe de Estado encubierto.
Pero no puede perderse de vista la perspectiva
judicial. Otros países latinoamericanos como Argentina, Chile y Perú han
derogado las leyes de amnistía para procesar a los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos. Esos juicios siempre son difíciles y
políticamente tensos. Algunos han logrado condenas o se han estancado. Sin
embargo, la justicia tardía es mejor que nada y quienes la persiguen tenazmente
en los países donde existe la impunidad merecen llevar sus casos a la corte.
Debido a la polarización política de El
Salvador, sus altos niveles de pobreza y la debilidad de las instituciones,
realizar juicios creíbles y justos no será una tarea fácil. Pero tampoco es
imposible. En Guatemala, otro país
pobre con instituciones históricamente débiles, los fiscales han hecho grandes
progresos en los casos de violación a los derechos humanos. Lo mismo podría
suceder en El Salvador si el gobierno crea una unidad de procesamiento y le
otorga las herramientas y la independencia para perseguir los casos más
emblemáticos del conflicto.
Un caso particularmente atroz es el de la
matanza en la ciudad de El Mozote, en 1981, donde los militares salvadoreños
sacrificaron a cientos de civiles. Enfrentar un caso tan complejo como ese
llevará tiempo y puede requerir la participación de expertos internacionales
que no estén vinculados al ambiente político del país.
Douglas
Meléndez, el fiscal general de El Salvador, dijo que el gobierno acatará el
fallo. Pero no dijo que su oficina tenga la intención de desempolvar los viejos
archivos y formalizar casos a corto plazo. A menos que eso ocurra, el fallo
solo servirá como un recordatorio de las antiguas brutalidades que impiden que
los líderes del país puedan hacer las paces.
Read in English:
In 1993, just
days after the United Nations published a report about the brutal civil war in
El Salvador between the military-led government and leftist guerrilla groups,
the country’s legislature hastily passed an amnesty law. It absolved all the
actors in the conflict, which lasted 12 years, left an estimated 75,000 dead
and continues to reverberate in the country’s politics and psyche to this day.
This
month, though, El Salvador’s top court struck down key parts of the law in a
remarkable ruling that opens the door for relatives of victims of war crimes to
hold torturers and killers accountable.
In a
4-to-1 ruling, the court found that the law violated El Salvador’s constitution
and international treaties by offering “absolute and unconditional” amnesty for
atrocities. The court did not offer a clear blueprint of what the government needed
to do in response to the ruling. Human rights groups have long called for the
establishment of a special human rights prosecution unit to investigate war
crimes.
However,
there appears to be little political will in El Salvador to revisit a painful chapter
of its history in courtrooms. Politicians across the political spectrum have
questioned the viability of war crimes tribunals at a time when the country’s
judicial institutions are overwhelmed by endemic gang violence. President
Salvador Sánchez Cerén warned that the ruling threatened the “fragile
coexistence” that binds Salvadoran society.
His
concern has some merit. Politicians may be tempted to use the case to settle
political scores. As a former guerrilla leader, Mr. Sánchez is among the
country’s leaders who could be exposed to prosecution. Some of his allies have
criticized the decision as a veiled coup.
But the prospect of justice should not be abandoned
outright. A few other Latin American countries, including Argentina, Chile and
Peru, have repealed amnesty laws and prosecuted people for gross violations of
human rights. Those prosecutions are always tough and politically fraught. Some
have failed or stalled. Belated justice for atrocities, though, is better than
none at all, and those who pursue it doggedly in countries where impunity is
rampant deserve their day in court.
Given
El Salvador’s political polarization, entrenched poverty and weak institutions,
carrying out credible and fair prosecutions won’t be easy. But it is not
impossible. In neighboring Guatemala, another poor country with historically
weak institutions, prosecutors have made considerable progress in cases against
perpetrators of gross human rights violations. The same could happen in El
Salvador if the government creates a prosecution unit and gives it the tools
and independence to pursue the most emblematic cases of the conflict.
One
particularly egregious one was the 1981 massacre in the town El Mozote, during
which the Salvadoran military slaughtered hundreds of civilians. Tackling a
complex case like that one will take time and may require the participation of
international experts who don’t have a stake in the country’s political
environment.
Douglas Meléndez, El Salvador’s attorney general, said
the government would abide by the ruling. But he has not indicated that his
office intends to start dusting off old files and start building cases any time
soon. Unless that happens, the ruling will serve as little more than a reminder
of long-ago brutalities for which the country’s leaders refuse to make amends.
Comentarios
Publicar un comentario