A Corruption Crusade in Guatemala = La cruzada contra la corrupción en Guatemala
Fuente: New York Times
Last year, Guatemalans watched in awe as their president, Otto Pérez Molina, and his vice president, Roxana Baldetti, were charged in a kickback scheme and forced from power. This month brought a startling revelation from the country’s attorney general, Thelma Aldana: Investigators have determined that the case that brought down Mr. Pérez Molina was just a sliver of a sprawling criminal enterprise run by the state.
Ms. Aldana said that at least 70 people in the country’s political and business elites have been implicated in money-laundering and bribery schemes that bankrolled Mr. Pérez Molina’s party and his cronies. Investigators are poring through more than two million seized documents as they continue to map out what Ms. Aldana described as a state that had been “co-opted” by crooks.
“For many years corruption was tolerated, which led to impunity,” Ms. Aldana said in an interview. “That allowed these criminal structures to strengthen.”
Guatemala, a small, impoverished nation, is setting a commendable example by confronting institutionalized corruption in a region where it is widespread.
The remarkable evolution of Guatemala’s criminal justice system began a decade ago when the United Nations established the International Commission Against Impunity in Guatemala, a team of foreign experts who provide technical expertise and political cover to local authorities pursuing complex, high-profile investigations.
The second such experiment in the region began this year in neighboring Honduras. The Organization of American States, a Washington-based diplomatic body, created the Support Mission Against Corruption and Impunity in Honduras. The United States recently committed to giving $5.2 million to the effort.
President Jimmy Morales, a comedian who was elected last year after campaigning on a promise that he was “not corrupt, not a crook,” has signaled publicly that his administration is determined to put an end to the nation’s graft and cronyism. President Juan Orlando Hernández of Honduras has shown less enthusiasm for meaningful reforms and has accepted the O.A.S. mission under strong international pressure.
Millions of Central Americans have emigrated in recent decades after losing hope in governing elites that enrich themselves while millions lack decent health care and education and live under constant threat of violence. Scores continue to head to the United States each week.
Rooting out the type of graft that has become business as usual in much of the region is vital to attracting foreign investment, creating more equitable prosperity and restoring the trust of citizens in their governments.
Versión Español:
El año pasado los guatemaltecos vieron con asombro cómo el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti eran acusados por corrupción y sobornos, y cómo tuvieron que abandonar el poder. Este mes la fiscal general Thelma Aldana hizo una nueva revelación: los investigadores han decidido que el caso que terminó con la carrera política de Pérez Molina era solo un pedazo de una red criminal mucho más extensa manejada por el mismo gobierno.
Aldana dijo que al menos 70 personas de la élite política y económica del país están implicadas en el sistema de lavado de dinero y sobornos que benefició al partido del expresidente Pérez Molina y sus colegas.
Los investigadores estudian con detalle más de dos millones de documentos incautados y dibujan un mapa que muestra lo que Aldana describió como un Estado cooptado por delincuentes.
“La corrupción fue tolerada durante tantos años que llevó a la impunidad”, dijo Aldana durante una entrevista. “Y eso reforzó las estructuras criminales”.
Guatemala está sentando un precedente admirable al enfrentarse a la corrupción generalizada en una región donde el fenómeno está ampliamente extendido.
Esta evolución tan significativa del sistema de justicia criminal de Guatemala comenzó hace una década, cuando Naciones Unidas creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: un equipo de expertos extranjeros que ofrecen experiencia técnica y apoyo político a la fiscalía y la policía local mientras investigan casos complejos y de alto perfil.
Un experimento similar comenzó a funcionar este año en la vecina Honduras. La Organización de los Estados Americanos, una organización internacional con sede en Washington, creó la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Estados Unidos acaba de comprometer poco más de cinco millones de dólares para financiarla.
Y aunque el apoyo de expertos extranjeros ha demostrado ser una herramienta de transformación al desmantelar una cultura de impunidad, el cambio verdadero necesita de una sociedad civil que apoye su misión e impulse políticamente sus avances.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, un comediante elegido el año pasado tras una campaña en la que prometió que no era “ni corrupto ni ladrón”, ha señalado públicamente que su gobierno ha tomado la decisión de poner fin al robo y la corrupción en el país. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no ha mostrado tanto entusiasmo por aprobar reformas profundas y solo ha apoyado la misión de la OEA bajo una intensa presión de la comunidad internacional.
Millones de centroamericanos han emigrado durante las últimas décadas tras perder la esperanza en las élites que gobiernan y se enriquecen mientras millones de personas no tienen servicios sanitarios ni educativos, y además viven bajo la amenaza constante de la violencia.
Muchas personas siguen saliendo de América Central hacia Estados Unidos cada semana.
Llegar a las raíces de una corrupción que se ha convertido en una práctica habitual en la región es vital para atraer la inversión extranjera, generar un desarrollo más igualitario y lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en sus gobiernos.
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